En el marco de una nueva jornada de debate y capacitación del ciclo “Ciencias Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la inclusión y la participación”, se abordaron en esta oportunidad los modos de estructuración de las instituciones de seguridad, en términos de instrucción, formación y ejercicio de la labor de sus miembros; se cuestionaron las estrechas posibilidades de representatividad que dentro de la institución ellos poseen, y se reflexionó sobre las repercusiones que en la vida personal de los agentes y ex agentes estos asuntos generan.
Con la participación de Hugo Aillón, comisario (r) de la Policía de Salta, Paulino Escalada, oficial (r) del servicio penitenciario de la provincia de Salta, Pedro Guillermo Barboza, agente (r) de la Policía de Salta y el sociólogo Marcelo Ibarra, se realizó en el día de ayer un nuevo encuentro del ciclo “Ciencias Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la inclusión y la participación ciudadana”, espacio de capacitación y debate, instituido por el Programa de Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad de la provincia, para el tratamiento de temáticas que atañen a la seguridad analizadas desde la óptica de las ciencias sociales. En sala de reuniones de la sede del Ministerio de Seguridad, sito en calle Balcarce nº 388, se abordaron en el día de ayer cuestiones intrínsecas a la conformación de las fuerzas de seguridad en tanto instituciones públicas y de intervención política (por tanto, de direccionamiento político), los ordenamientos normativos que rigen en las mismas; sus modos de jerarquización, aleccionamientos y bases de formación que imparten para con sus miembros y qué implicancias, directas o indirectas, ejercen estas dinámicas institucionales –con objetivos determinados pero con efectos no medibles– en la vida ciudadana (y colectiva) y en la integridad personal del trabajador de la seguridad. Por ello, se reflexionó sobre la institución policial y la vida policial con enfoques experimentales de integrantes, ya retirados, de las instituciones de seguridad de la provincia, con el aporte de vivencias directas; y la contribución, desde la sociología, del investigador en temáticas que atañen a la seguridad e integrante del Acuerdo de Seguridad Democrática, Lic. Marcelo Ibarra.
Hugo Aillón, además de haber prestado servicio como comisario de la Policía de la provincia, actualmente es presidente de la Fundación Fraternidad Policial y Penitenciaria y compartió con los miembros del Programa de Desarrollo las acciones que la fundación desarrolla en pos de la reivindicación de la dignificación del personal policial y penitenciario como trabajadores, proponiendo e impulsando la sindicalización de los integrantes de la seguridad pública y bregando por el refuerzo de la representatividad de la voz policial en relación a los derechos del policía dentro de las instituciones. La fundación que preside Aillón, además, sostiene la necesidad de la consolidación de los derechos del policía como sere humano y miembros de la sociedad civil, rompiendo con la dicotomía o disociación policía – ciudadano.
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En su intervención y trazando ciertos paralelismos con la situación actual de la policía, explicó los modos de ingreso de los aspirantes a la institución policial y los requerimientos que estos debían verificar en forma previa a su inserción en la institución. El comisario retirado comentó que ingresó a la institución en el año 1976 y aseguró que “por aquel entonces la policía no tenía una formación profesional, y de hecho aún tampoco la tiene, ya que los requisitos eran mínimos”. Reveló que un aspirante para ingresar sólo debía tener aprobado hasta séptimo año del colegio y haber cumplido la edad de 18 años. Manifestó que la causa del bajo nivel de estudios exigido a los aspirantes radicaba en que “los estudios no eran algo muy importante, debido a que lo que más se exigía antes era soportar un cierto rigor o ritmo dentro de la institución, para lograr (en el aspirante) una férrea disciplina, porque lo que se pretendía en ese momento era formar una disciplina muy marcada para formar al oficial como una persona con ‘capacidades de mando’”. Explicó, en ese sentido, que la exigencia mayor se relacionaba con el acondicionamiento físico de los agentes, relegando la posibilidad de formación educativa o intelectual (más trascendental aún) a un plano de “mínima importancia”.
Ahondando en los modos de ingreso de los aspirantes y los tipos de formación que recibían en la institución, Aillón señaló los beneficios que algunos aspirantes obtenían por el contacto o la vinculación con personas de sustancial poder político o económico y la diferencia que significó en estos términos la apertura e iniciación de la Escuela de Cadetes. “Cuando yo ingresé a la Fuerza no existía Escuela de Cadetes, entonces los oficiales eran formados de distinta manera; en forma política. A veces por tener alguna relación con personas de poder económico o político podían ingresar (los aspirantes) fácilmente a la Fuerza y hacer una ‘rápida’ carrera dentro de la institución”.
Seguidamente, el comisario retirado admitió convencida y comprometidamente en que “para que la policía avance definitivamente hay que hablar de democratización de la institución y de los derechos de los policías, para que el personal policial sea también un personal que viva plenamente los derechos humanos”.
Confirmó, también, que “el poder político siempre, incluso hoy en día, supo ingresar a la institución policial y ocupar lugares jerárquicos y dirigenciales importantes a nivel decisional”. Explicó, además, que “la intromisión del poder político, pero también del poder económico, ocasionó la persistencia y la profundización de las arbitrariedades y las injusticias generando conflictos al personal (policial): ascensos que no correspondían, camarillas que se separaban (…)”.
Finalmente, el ex comisario destacó con certeza y firmeza que para lograr una democratización de las Fuerzas de seguridad, donde el respeto por los derechos humanos de los trabajadores de la seguridad pública tenga una preeminencia que a posteriori también manifieste su reproducción en el ejercicio del accionar policial y propiciando una apertura hacia la ciudadanía, “la policía debe ser reformada”.
Respecto a lo manifestado por Aillón, Fernando Pequeño Ragone sostuvo que “hay una relación entre el poder político informal que la ciudadanía no conoce, que no se discute, que no se debate y que es fundamental en la conducción de la policía”. “Debemos necesariamente poner en la agenda de debate político estos temas y discutirlos”, agregó el actual candidato a diputado provincial por el movimiento La Ragone y FREJUVI.
Por su parte, el sociólogo Ibarra se refirió a algunos avances en materia de normativas legales que intentaron brindar mejoras en términos de institucionalidad a las Fuerzas de seguridad y que configuraron un marco novedoso a nivel legal pero que, sin embargo, para el sociólogo “no logran materializarse o concretarse realmente hacia un marco normativo y legal que atienda las problemáticas de inseguridad pública, de desigualdad, de vulneración de derechos; de perpetración y vulneración desde el propio Estado a los derechos de la propia ciudadanía”. “Se trata de una diferencia muy grande entre las reformas, los propósitos de las reformas y lo que sucede en la realidad; efectos conocidos de un esquema político que sólo asume o dimensiona a la seguridad en términos jurídicos”, agregó Ibarra.
En este sentido, Pequeño Ragone intervino asegurando que “lamentablemente esta tensión entre cambio cultural y cambio de la ley, me parece que opera en los funcionarios políticos, que en su gran mayoría están formados en el derecho, como una conceptualización de especie de panacea de la ley, que todo lo ordena y todo lo resuelve”. Reflexionando sobre los efectos políticos que las nociones exclusivamente jurídico-normativas acarrean sobre problemáticas en donde las dimensiones sociales, y por tanto el estudio desde las bases de las ciencias sociales, quedan excluidas de la “practicidad”, en términos de reparos o soluciones concretas y efectivas (siendo, paradójicamente, la dimensión social la esfera a partir de la cual el derecho debe accionar su marco normativo, de ordenamiento y regulación, y no en viceversa).
Pequeño, también presidente de la Asociación Dr. Miguel Ragone reveló que, a su criterio, se trata de “un gran problema político que tenemos; en el cual, muchos de esos funcionarios sienten representar el partido justicialista, y no solamente que lo representan, sino que asumen que el Partido es de ellos”. Cuestionó estas tensiones que se generan en el Partido Justicialista a partir de las metodologías políticas de estos funcionarios, y que se efectivizan como una mampara que divide al justicialismo en dos sectores. Aseveró que su interés es “poder mostrar la tensión de esos justicialismos y poder mostrar quiénes están parados de cada lado; porque todavía sigue pendiente la cuestión de por qué hubo una parte del justicialismo que mató a Miguel Ragone y que exterminó al ragonismo”.
Continuando su exposición, Ibarra consideró que sería positivo e importante “discutir sobre reformas a los modelos de reclutamiento y los modelos de formación policial”. En este sentido, explicó que “la forma de educación de la institución policial tiene una especificidad muy concreta, que es la seguridad pública; entonces es tan profundo el tema de la seguridad pública que no alcanza meramente con la adecuación de los contenidos curriculares en las Escuelas de Cadetes, por ejemplo, en asegurar un institución (policial) comprometida. Porque además hay un contexto que está marcando que la gente que allí está formándose, lo está por razones muy lejanas al sentido y la orientación de esa institución”.
Respecto a lo manifestado por Ibarra en torno a las mejoras que deberían efectivizarse en términos de formación educativa de los aspirantes y oficiales, Fernando Pequeño Ragone confirmó que presentará un proyecto de ley ya elaborado que contempla la creación de una Residencia Transdisciplinaria en Seguridad Pública. Según explicó Pequeño Ragone, la misma implicará tomar la experiencia de las residencias que hoy se implementan en el ámbito de Salud Pública (psiquiatría y psicología comunitaria, por ejemplo), pero pensadas para el campo de la seguridad pública, y con el objeto de que sus actores refuercen vínculos e interaccionen en forma menos fragmentada y más efectiva, y promoviendo el acceso de la ciudadanía en la participación del debate de diseño de las políticas públicas de seguridad.
Seguridad en Democracia
La seguridad (y por tanto, también la inseguridad) es un preocupación sensible y compleja, por cuanto no existe suficiente acuerdo entre el mundo político y el técnico (tanto el de los intelectuales como el de la conducción policial) sobre los enfoques y estrategias más aconsejables para abordar el delito y la violencia, el tipo y nivel de seguridad esperado o buscado y, menos aún, sobre el nivel de inseguridad que se puede tolerar: ¿a partir de qué nivel de seguridad-inseguridad resulta exigible políticas eficaces de contención de este problema?, ¿qué es “estar protegido” para un ciudadano? y ¿de qué? En este contexto, la interpretación y valoración de la función policial, así como las orientaciones del policiamiento, el rol de la sociedad civil o comunidad organizada en la construcción de mejores niveles de seguridad, las características de las políticas del sector y la forma de ejecutarlas deben considerarse facetas claves e ineludibles de la gestión pública en la materia, a la hora de diseñar, implementar y evaluar las políticas y estrategias policiales conducentes a contener la inseguridad, sus causas y sus consecuencias.
La construcción de la seguridad de las personas, las formas de alcanzarla y garantizarla, debe poseer necesariamente un componente y un enfoque de análisis sociopolítico, y no solamente penal, legal o jurídico, para la gobernabilidad y estabilidad de las democracias. Este desafío debe enmarcarse, indudablemente, en una gestión de los gobernantes y legisladores inspirados en una visión de “seguridad en democracia”.
La búsqueda de la seguridad debe ser coherente y complementaria con los propósitos del Estado y la Democracia, y esto no es más que el bien común. La búsqueda de seguridad debe ser funcional, entonces, a la creación de mejores condiciones para la realización humana, en un contexto social y político de pleno respeto de los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. El abordaje y la discusión de la seguridad debe asumirse como un problema de derechos, de bien ciudadano y de calidad de vida.
Aquí el álbum con las imágenes de la jornada, click sobre el mismo para verlas:
En el marco de la realización del
XII encuentro de jóvenes investigadores, el Programa de Desarrollo Territorial
participó en la Mesa Temática “Violencia,
regulaciones sociales y resistencias en escenarios locales y regionales.
Experiencias de investigación e intervención”, con la exposición de un
primer avance de la investigación desarrollada en la Unidad penitenciaria Nº4
de mujeres del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, en relación a
las experiencias laborales del personal femenino, atravesadas por los
imperativos de género y la violencia desplegada por la institución, lo cual
genera vivencias de resistencia particulares.
