Seguridad y derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo

En el espacio de capacitación y debate del ciclo “Ciencias Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la inclusión y la participación” se abordó en esta oportunidad, a partir de la investigación doctoral de la antropóloga Andrea Flores, la problemática del aborto y los obstáculos que se plantean en las discusiones en torno a él y a su despenalización; obstáculos nacidos de argumentos que desconocen el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y que las muertes de muchas de ellas por las imposibilidades de acceso a un sistema de salud que contemple sus derechos es un serio problema que atañe, también, a la seguridad.

Con la participación de la doctora María Laura Postiglione (coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana), la doctora Graciela Abutt Carol (abogada del Foro de Mujeres), la licenciada Verónica Caliva (Fundación Entre Mujeres), y la compañera Romina Rade, actoras -todas ellas- territoriales involucradas en la problemática del aborto y comprometidas en la búsqueda de obtener soluciones efectivas para proteger los derechos a la salud de las mujeres, se realizó en el día de ayer el segundo encuentro del ciclo “Ciencias Sociales y Seguridad: Debates necesarios para la inclusión y la participación ciudadana”, espacio de capacitación y debate, instituido por el Programa de Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad de la provincia, para el tratamiento de temáticas que atañen a la seguridad analizadas desde la óptica de las ciencias sociales. En sala de reuniones del susodicho Programa, sito en calle Balcarce nº 388, reflexionamos el pasado miércoles 21, a cerca de la configuración del acceso a la salud sexual y reproductiva como un derecho y una presencia en la agenda de la seguridad ya que esta no es un fin en sí mismo, sino la estrategia, la acción que desde el Estado, y a partir de la interacción entre sus agencias y la comunidad, debe motorizar para la generación de condiciones para el ejercicio pleno de todos los derechos. Analizamos, además, cómo intervienen y poseen incidencia las masculinidades como elemento constitutivo de ciertas interpretaciones sesgadas sobre los derechos sexuales de mujeres y varones.

Partiendo de su trabajo de investigación “La cuestión del aborto: entre las regulaciones biopolíticas y las prácticas de libertad”,  la antropóloga Flores abordó la problemática del aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre la intimidad de su cuerpo, centrándose en el contexto espacial de la ciudad de Salta, deconstruyendo –con las herramientas de la antropología– discursos de grupos conservadores para vislumbrar cuáles son los objetivos que desde estos movimientos se plantean. Desarrolló, además, el concepto de “biopolítica” -autoría de Michael Focoult- mediante, ­­sobre las regulaciones en torno a los cuerpos de las mujeres en relación a la problemática del aborto; cómo fueron mutando a lo largo de la historia las  regulaciones del aparato Estatal por sobre el cuerpo y la natalidad (mortalidad) de las mujeres; expuso, además, la variabilidad (avances y retrocesos) de las legislaciones en el campo de la promoción de derechos de las mujeres para, finalmente, presentar y discutir el tracto histórico por el que los grupos feministas transitaron para el logro de conquistas a nivel legislativo y de agenda política, como así también los puntos en la reconstrucción del relato histórico que significaron represión, silenciamiento, muerte y exilio.

Foucault reconoce diversas formas de racionalidad política que articulan de manera específica los procedimientos encaminados a resolver el problema de "cómo gobernar" distinguiendo entre sociedades de soberanía, de disciplina y de seguridad. El biopoder emerge en el paso de las sociedades disciplinarias a las de seguridad como articulación de dos tecnologías: la anatomopolítica y la biopolítica. “El sexo es la ‘bisagra’ que articula los dos ejes a lo largo de los cuales se desarrolla la tecnología política de la vida”, explicó la antropóloga. “Se relaciona con el disciplinamiento del cuerpo (la domesticación, intensificación y distribución de sus fuerzas) y con la regulación de la población”, agregó. El sexo traduce tanto la "energía política" como el "vigor biológico" de una sociedad. No obstante, Foucault insiste en dejar de lado sexo y deseo a favor de la cuestión del uso de los placeres. Estos planteamientos de Foucault han sido problematizados por varias teóricas del feminismo. Por un lado, se denuncia el carácter masculinista de su retórica, el androcentrismo de su perspectiva y el pesimismo de su visión. Por otro, sirve de inspiración para llevar a cabo nuevos análisis de las tecnologías del cuerpo que ponen de manifiesto las diferencias específicas de género, así como la posibilidad de construir nuevos proyectos políticos a favor de la emancipación de las mujeres.

La noción de ‘biopolítica’ permite dar cuenta de las regulaciones en torno a los cuerpos de las mujeres en relación a la problemática del aborto: es en el momento que los procesos de natalidad y mortalidad entran en el campo de regulación del Estado que la práctica del aborto comienza a ser regulada, centrándose dichas regulaciones en el cuerpo de las mujeres.

Para Flores, el aborto entra al campo de regulaciones biopolíticas a partir de la emergencia del feto. “Aquí aparece la figura del feto como un elemento diferente de la mujer embarazada, como entidad autónoma, como una vida discernible de quien la gesta: un nuevo nacimiento. Así nace el feto como entidad ontológica, biológica y política”, reveló la antropóloga.

Reseña histórica (1960 – 2003)

Seguidamente, Flores mencionó las primeras legislaciones sobre el aborto en Europa que datan del siglo XIX y avanzó al contexto nacional de nuestro país, donde las primeras legislaciones (prohibiciones) se conocen de 1887 cuando fue sancionada la Ley Nº 1920  que aprueba el nuevo Código Penal que incorpora artículos referidos a la penalización del aborto sin excepciones tanto para quien practicara el aborto como para la mujer “que violentamente causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”, quien sería “castigada con uno a tres años de prisión; y si lo hiciere por ocultar su deshonra, con el minimum de esta pena”.

Avanzando en la linealidad histórica nacional, la antropóloga citó algunos ‘hitos’ con raíz en la década de los ’60, cuando comienzan a ser visibilizadas las primeras manifestaciones públicas de la problemática a partir del emblemático caso de  Natividad Frías, que posteriormente sentaría precedentes legales en un fallo plenario de la justicia nacional que marcaría el rumbo con relación a los casos de aborto y a la situación penal de las mujeres víctimas de esa intervención, además de configurarse como hecho revelador para reflexionar sobre la disyuntiva entre cumplir con la ley y el secreto profesional. Alude Flores en su investigación en torno al caso:

 “La mujer urgida por la necesidad de asistencia médica a raíz de un aborto provocado por ella misma o por un tercero con su consentimiento, conforma una grave situación dilemática: o solicita el auxilio médico para conjurar el peligro en que se halla y entonces se expone a la denuncia del hecho (…) o resigna incluso a la posibilidad de perder la vida (...) Me refiero a la suprema garantía de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, estampada en el art. 18 de la Constitución Nacional (…) La mera presencia ante el médico de la mujer autora o coautora de su propio aborto implica una autoacusación forzada por la necesidad impuesta por el instinto natural de la propia conservación, puesto que acude a él en demanda angustiosa de auxilio para su salud y su vida (…) Si nadie está obligado a declarar contra sí mismo -según derecho vigente- menos puede estarlo a sufrir las consecuencias de una autoacusación impuesta por necesidad insuperable…”.

Hacia la década de los ‘70 comienzan a emerger las primeras organizaciones feministas en la Argentina: hacia 1970 nace la Unión Feminista Argentina (UFA) y en 1972 el Movimiento de Liberación Feminista Argentina (MLF). Ambas organizaciones comienzan a replantearse la maternidad como destino y a enunciar el derecho al aborto.

Flores destaca en esta década, además, la firma de José López Rega, entonces ministro de Bienestar, de un decreto que disponía el control de la comercialización y venta de anticonceptivos, así como la prohibición del desarrollo de actividades directa o indirectamente destinadas al control de la natalidad. En este contexto es que la UFA hace circular un folleto en el que se expresa: “El embarazo no deseado es un modo de esclavitud. Basta de abortos clandestinos. Por la legalidad del aborto. Feminismo en marcha.”

Los volantes del MLF también presentaban consignas en este mismo sentido: “El patriarcado es el poder despótico de todos los varones sobre la mujeres. (…) El patriarcado se opone a que la mujer sea una persona, que la mujer elija la maternidad o la rechace.”

Ya llegada la democracia, retomadas y visibilizadas diversas luchas políticas, el 8 de marzo de 1984 las pancartas enarboladas por las feministas reclamaban: “Defendamos nuestros cuerpos y nuestras vidas. Basta de mercaderes de la medicina. Queremos parir y abortar sin riesgos. Maternidad libre y consciente. Despenalizar el aborto”, y sus cánticos exclamaban: “Aborto clandestino no es nuestro camino. Legalización es nuestra decisión.”

La antropóloga subraya en esta década el surgimiento de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer (ATEM), uno de los espacios más activos y prolíficos del movimiento feminista que retoma la tarea de construcción del campo donde el aborto es entendido en tanto derecho. Esta Comisión esgrime la consigna “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, y elabora en 1990 un anteproyecto de ley sobre anticoncepción y aborto que “no sólo responde a una realidad social sino también se inscribe en que seamos [las mujeres] las que elaboremos las leyes que nos afectan directamente”, revela Flores.

Gentileza de la antropóloga Andrea Flores. Marcha de las militantes integrantes de ATEM en el año 1984.

Para Flores es en la década de los ’90 cuando “el aborto accede a la agenda política”. En 1994, el presidente Menem antes de convocar a la Convención Constituyente (para la reforma constitucional que le permitiría presentarse a la reelección en su cargo), propone la incorporación en la Constitución –aunque sin éxito– de un artículo que proclamase el derecho a la vida desde la concepción. No obstante, en el año 1998 se establece, vía decreto de presidencia, la fecha del ‘día del niño por nacer’ en nuestro país – convirtiéndose en pionero de este tipo de declaración –, a partir de la consideración de “que especialmente en su etapa prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre. (…) [y] que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana”. Menem recibe el apoyo de la Iglesia en estas dos acciones y en esta última obtiene un reconocimiento del Vaticano.

En la Provincia de Salta, la fecha del Día del Niño por nacer, es instituida en el año 2005 durante el mandato de Juan Carlos Romero, asumiendo el Poder Ejecutivo Provincial la obligación de “difundir el valor de la vida y sus derechos desde la concepción, coordinando actividades informativas y educativas referidas a los Derechos del Niño por Nacer”.

En el año 2003, en el ENM, en la ciudad de Rosario se conforma una Asamblea por el Derecho al Aborto. “Es en el XVIII ENM donde el tema del derecho al aborto adquiere una relevancia y una extensión importante. Es allí donde se realiza una asamblea por el derecho al aborto al finalizar los talleres de la primera jornada, que dará lugar a acciones nacionales y estrategias conjuntas sobre el pedido de su legalización”, sostiene Flores.

En esta Asamblea se convoca a un Encuentro Nacional por el derecho al Aborto a realizarse en mayo de 2004. De aquí nace el impulso para la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Consideraciones

La principal causa de muerte materna en Argentina son las complicaciones por abortos inseguros. Cada 8 minutos muere, en América Latina, una mujer por complicaciones derivadas de la práctica de un aborto inseguro. La dra. Graciela Abutt Carol reveló que, según estadísticas a nivel nacional, "son 200 las mujeres que por año mueren en la Argentina como resultado de abortos clandestinos". Y explicó que desde el punto de vista jurídico "la penalidad del aborto es evitar -justamente- el aborto". "No obstante, la norma rige totalmente, y lo que ocasiona es ese número terrible de pérdida de vidas humanas", agregó la abogada integrante del Foro de Mujeres de la provincia de Salta.

La dra. Abutt Carol destacó, además, la necesidad de desjudicializar los casos de las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos, ya que "estigmatiza y provoca una invasión enorme en la intimidad de la mujer, afectando severamente su autoestima". Aclaró que las mujeres que quieren acceder a un aborto no punible deben presentar, previamente, la denuncia penal efectuada a tal caso y señaló la importancia de suprimir los asesoramientos judiciales ya que "sólo están previstos con fines dilatorios, obstructivos y disuasorios; están pensados en forma meramente punitiva".

Por su parte, la dra. María Laura Postiglione manifestó que "se dieron avances sobre los cuales hay que seguir trabajando. Creo que es importante para un discurso político analizar la tasa de mortalidad materna anual que tiene nuestro país. A nivel discursivo tenemos que hacer visible esto". Y compartió los avances que en materia de despenalización del aborto Uruguay viene llevando adelante, como la Consejería pre y pos parto, iniciativa que, acompañada a otras leyes ya sancionadas, colaboró en la reducción total de la tasa de mortalidad materna: Uruguay es el único país latinoamericano que despenalizó el aborto y que ha conquistado una tasa de mortandad materna del 0% anual.

Seguidamente, la lic. en Comunicaciones Sociales, Verónica Caliva, confirmó que "en cuestiones de derechos de las mujeres son notorios los avances", pero que "el problema continúa siendo la falta de ejecución de las políticas públicas" e hizo hincapié en la necesidad de retomar el trabajo y la labor territorial. "Me parece que hay que trabajar mucho sobre pobreza y sexualidad, buscando un 'click' en la cabeza de las ciudadanía; se debe terminar con la penalidad a las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos. Creo que debemos apostar fuertemente a las jóvenes mujeres, pero también a los varones jóvenes", agregó la integrante de la fundación Entre Mujeres.

En su intervención, la dirigente barrial Romina Rade sostuvo que la problemática del aborto es una "realidad palpable día a día" y confió en en los efectos positivos que resultarían de la concientización y educación de los varones para una sexualidad responsable, modificando la tendencia de embarazos no deseados en los barrios. "En algunos barrios hay enfermeras que realizan los abortos por $50. Hay que educar para prevenir los embarazos no deseados y enfocarnos, para ello, fundamentalmente en los varones, porque son muchos los que no quieren cuidarse", reveló Rade.

Llegando ya a la conclusión de la jornada, Fernando Pequeño Ragone manifestó el objetivo que se sostiene en la iniciativa de debate sobre esta problemática: "debemos implantar en la agenda política estos temas, para tener una incidencia real y lograr modificaciones, en largo plazo, de carácter estructural. Debemos empezar a discutir sobre aborto desde un lugar que nos nuclee a todos, sin caer en dicotomías instantáneas y antagonismos fragmentarios. Si logramos transformar estos discursos en propuestas políticas que apelen a todos los movimientos y ponerlo en boca de todos los legisladores, daremos un gran paso".

Álbum con todas las imágenes:

2013-08-21 Capacitación Derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y la seguridad

DEPORTE, HÁBITOS SALUDABLES Y SOCIALIZACIÓN: INICIO DE LOS TALLERES DE FÚTBOL FEMENINO "MUJERES POR LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD"

Además se la práctica deportiva per se, se invitó a las jóvenes a participar de talleres sobre violencia y capacitación para la implementación de sus propios torneos de fútbol

El día lunes 19 de Agosto se dio inicio en el barrio 17 de Octubre a los talleres de fútbol “Mujeres por la paz y la solidaridad”, en esta ocasión participaron mujeres de diferentes edades: niñas, adolescentes y adultas que compartieron una tarde soleada con mucho entusiasmo.

  

La práctica deportiva grupal además de promover hábitos de vida saludables, refuerza los sentidos de pertenencia, compromiso y solidaridad colectivos.

 Comenzó, en la misma oportunidad,  el  taller sobre “La violencia”. Una apuesta para concientizarnos y capacitarnos sobre cómo trabajar para fortalecer los lazos de solidaridad en nuestras familias y generar comunidades más democráticas. Se intenta, además, con este  taller ayudar a las jóvenes y su entorno familiar -por medio de actividades deportivas, culturales y recreativas- a mejorar su autoestima, el trabajo en equipo, el compañerismo, la socialización, el respeto y la tolerancia mutua hacia los demás. El mismo fue dictado por la licenciada Gabriela Vuistaz, psicoanalista integrante de la Asociación Dr. Miguel Ragone.

El profesor de educación física, Antonio Agüero, dio inicio a la clínica de fútbol para las mujeres de la zona.

Finalmente, se dio apertura a una clínica de fútbol, coordinada por el profesor  Antonio Agüero, también miembro de tal asociación, con la finalidad de despertar por parte de las jóvenes y su entorno familiar, el interés por su cuerpo y su salud, desarrollando hábitos saludables y prevenir por medio de la práctica del deporte,  el consumo de droga o la ingesta de alcohol y el uso de cigarrillo; promoviendo la resolución de conflictos, la prevención de la violencia y la inclusión social a nivel comunitario. Esta clínica se configura, además, como un espacio de formación en tácticas, técnicas y prácticas futbolísticas para las mujeres, como así también en todo lo atinente a la logística y modos organizacionales de torneos y campeonatos de fútbol.

Existen muchas mujeres jóvenes que practican fútbol, resulta importante entonces tomar este interés y transformarlo en un medio de gran potencialidad para lograr acercarnos a ellos y a su forma de entender la realidad. Esta actividades, junto con la posibilidad de hacer de éstas una práctica educativa, intencional, y adaptada a las necesidades, vivencias y prácticas sociales de las jóvenes a quienes nos dirigimos, permiten pensar en una forma de intervención social, una forma innovadora , creativa y de utilidad en las políticas de inserción social. Si bien el proyecto está dirigido a las mujeres también se tiene en cuenta a sus familias, vecinos, amigos, compañeros. Por medio de la práctica del fútbol, además de la diversión se está trabajando para fortalecer los lazos de solidaridad.

Cronograma de próximas actividades

Lunes 26-08-2013

15hs a 16 hs  Clínica de futbol

16hs a 17 hs  clase de baile

Lunes 02-09-2013

15hs a 17hs concurso de baile

Lunes 09-09-2013

15hs. a 16 hs. Clínica de futbol

16hs a 17hs Taller Prevención del alcoholismo

Sábado 22-09-2013 

Se realizará un torneo de futbol femenino entre los diferentes equipos de la zona Norte.

SEGUNDA REUNIÓN DE LA MESA DE LA DIVERSIDAD

Convocada por el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, se desarrolló en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del Dr. Pablo Alavila en representación de su Coordinadora General, la Ministra de Derechos Humanos, Dra. María Pace. En la misma se integran representantes de las organizaciones del colectivo LGTBI, organizaciones de Derechos Humanos y   referentes de distintos ministerios del Estado salteño, con el objeto de construir alternativas para brindar mejoras a la comunidad de la diversidad sexo-afectiva en el acceso a los servicios públicos y promover políticas públicas para la inclusión efectiva.

Encabezada por el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Salta, Dr. Pablo Alavila, tuvo lugar esta mañana la segunda reunión de la Mesa de la Diversidad, espacio conformado para la coordinación conjunta de acciones concretas entre Estado y O.N.Gs. para la promoción de mecanismos y políticas de inclusión social y laboral genuinas del colectivo LGBTI, igualdad de oportunidades  y configuración de agendas de actividades que tengan por objeto motivar y propiciar mejoras en el acceso a servicios públicos para los integrantes del colectivo y la sociedad en su conjunto. Participaron de este encuentro representantes e integrantes de organismos de las diversidades sexo-afectivas, funcionarios y miembros de organismos de Derechos Humanos. Estuvieron presentes representantes de los ministerios de Cultura y Turismo (Fernando  García Soria, Secretario de Turismo), Seguridad (Fernando Pequeño Ragone, Jefe del Programa de Desarrollo Territorial) y Salud (Dr. Ricardo Carpio, Secretario de Salud Pública).

Con una numerosa y satisfactoria convocatoria, se trataron en la reunión aspectos y problemáticas sociales claves que inciden en la segregación social que históricamente vulneraron al colectivo LGBTI y actualmente, en mayor o menor medida, persisten generando contextos de desigualdades marcadas; y se abrió una agenda de alternativas y asuntos concretos a tratar en la sucesión de próximos encuentros. Entre ellos: derogación de edictos contravencionales, capacitación de trabajadores de la salud en género y tratamiento de VIH y SIDA, inserción en segmentos turísticos, tratamientos de hormonización, garantías en seguridad y debido proceso, entre otros.

Claramente quedó delineado el sentido que para sus integrantes esta mesa tiene, siendo el mismo, el  tratamiento de las problemáticas de la comunidad de la diversidad sexo-afectiva, el análisis de soluciones de  carácter estructural y la implementación política sostenida de las mismas. En tal sentido, Rodrigo Liendro (ALUDIS) afirmó en la reunión que “la mesa debe tener el carácter institucional que nos permita interpelar a los funcionarios; el diálogo entre las ONGs y el Estado es fundamental, cuando el estado sanciona de arriba hacia abajo las leyes fracasan. Queremos que la provincia trate nuestras propuestas, basadas en acciones parlamentarias y ejecutivas”.

Por su parte, el Secretario de Cultura y Turismo, Fernando García Soria, expresó su interés por coordinar desde el área a su cargo acciones culturales y turísticas que incluyan al colectivo LGBT, y promover la inclusión y la igualdad de género entre los empresarios hoteleros. “ Desde el área de cultura podemos coordinar acciones para desarrollar un programa durante todo el año; a los empresarios se les presentó la ‘Cámara de Comercio LGBT’”, comentó el funcionario.

En tanto, el Dr. Ricardo Carpio, Secretario de Salud Pública de la provincia, sostuvo que "para la buena atención de las demandas de la comunidad trans, se requiere reorientación y capacitación del recurso humano y del sistema de salud". Sobre las demandas de hormonización por parte de la comunidad trans, subordinó el tema a "una cuestión de administración médica y como una cuestión de abal científico de los médicos", con la convicción de tener que obrar en el marco de un proceso de garantías que el Estado le debe brindar a las personas en relación al cuidado de sus propios cuerpos, el que iría más allá de la propia decisión de la persona.Finalizó sosteniendo que hay "un desconocimiento de los efectos secundarios de la hormonización".

Positivamente, comprometió la participación ministerial en mejoras en aspectos de salud pública para el colectivo de la diversidad.

Respecto a las demandas del colectivo en las garantías de una seguridad preventiva y el respeto a sus derechos humanos y constitucionales, Karen Díaz (Fundación Igualdad) aseguró que “debe tratarse prontamente la deregación de los artículos contravencionales (del proyecto de Códigos Contravencionales)” y propugnó por una seguridad “más humana”.  “Lamentablemente la Jefa de Policía transmitió que ellos reciben órdenes de ‘arriba’”, aseguró la referente.

Por su parte y entorno a las mismas cuestiones planteadas por Karen Díaz, Fernando Pequeño  –Jefe del Programa Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad– coincidió en la postura y afirmó: “Desde el Estado debemos comprometernos a promover y construir un proyecto de ley que reemplace y derogue el viejo código contravencional haceindo incapié en la tranformación definitiva y efectiva de las tipificaciones de las contravenciones. El mundo ha cambiado y la sociedad con él, y lo que se considera hoy dia una contravención debe ser rediscutido. En tanto no exista el compromiso político y legislativo de esa discusión, cualquier reforma impulsada que pretenda un cambio más igualitario que regule las costumbres de la vida cotidiana, será inadecuado, poco democrático y hasta inoportuno y nocivo". 

Pequeño también se refirió a la problemática de la seguridad en relación a la vida policial en la provincia, asegurando que “no puede darse una visión totalmente verticalista dentro de la institución policial creyendo que eso es garantnizar la obediencia y el orden del personal policial; que debe analizarse quiénes son los policías y qué desean y necesitan ellos de la institución policial; tanto como impulsar acciones que pongan de manifiesto el pensamiento informal de los funcionarios de Estado y legislativos sobre las vidas policiales". Expresó además que “lamentablemente se sigue pensando que la policía sólo debe obedecer; que un policía no tiene derecho a ser defendido dentro de la propia administración; no se reflexiona sobre cómo el policía ingresa, o cómo se capacita y quién lo capacita. Sería bueno abrir la institución policial y los intereses de la seguridad a la ciudadanía y mostrar que los policías son también ciudadanos”.

Por úlitmo, el titular del Programa de Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad agregó que "fue la policía la que mató a mi abuelo Miguel Ragone y hubo un grupo civil político que miró para otro lado durante mucho tiempo, y eso no se tiene que repetir nunca más, por eso hay que pensar en como vive un policía y en cómo piensa un funcionario respecto del policía".

La reunión concluyó con el compromiso de las organizaciones en plasmar acciones concretas por escrito sobre las temáticas desarrolladas en la reunión, para debatirlas en el próximo encuentro.

Participaron miembros del Programa Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad, la Dirección Comunitaria de la Policía de Salta, Dirección Comunitaria, ATTA Salta, INADI Salta, Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud Pública, REDAR, Fundación Igualdad, ADISTAR, Asociación Ragone, REDAR, Cámpora Diversia Salta, ALUDIS y el Observatorio de la Diversidad, entre otros.

Aquí una de las intervenciones de Fernando Pequeño en la reunión, click para reproducirlo:

SEGUNDO ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN DEL CICLO “CIENCIAS SOCIALES Y SEGURIDAD: DEBATES NECESARIOS PARA LA INCLUSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA”

Analizamos, tomando como eje el trabajo de investigación de la historiadora salteña Luz Sánchez titulado "Todas somos Juana Figueroa", la incidencia de masculinidades nocivas como potenciadoras de las violencias ejercidas sobre las mujeres, y cómo estas fueron mutando en la historia, puntualmente, en nuestra provincia. Participaron los y las integrantes del equipo del Programa de Desarrollo Territorial; miembros de la Asociación Dr. Miguel Ragone; representantes del Consejo Provincial de la Mujer, contando con la presencia de su presidenta, la Sra. María del Valle Falcón; Tatiana Vega y Gabriela Moreira, alumnas universitarias de la Universidad Nacional de Salta, ambas estudiantes de la carrera Licenciatura en Historia y militantes del Frente Independiente.

Con la participación de la historiadora  Luz Sánchez, se realizó en el día de ayer el segundo encuentro del ciclo de capacitación “Ciencias Sociales y Seguridad. Debates necesarios para la inclusión y la participación ciudadana”, en oficinas del Programa Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad, anexo Balcarce nº 388.

 Este ciclo se origina como una manera de hacer efectivos  dos de los objetivos planteados en la creación del Programa de Desarrollo Territorial: por un lado, la discusión, reflexión, debate de diversos temas estrechamente vinculados con el concepto de seguridad como un derecho dentro del contexto socio-cultural salteño; y, en segundo lugar, la creación de vínculos cercanos entre algunas acciones desarrolladas por este ministerio y la comunidad próxima.

 Por tal motivo se invita a participar a diferentes profesionales y actores sociales que brindan sus impresiones y experiencias, las cuales son  incorporadas desde una concepción donde los conocimientos y la intelectualidad  son acompañadas de cerca con la incorporación real de lo que la gente efectivamente hace en su vida cotidiana.

 En tal sentido, en esta oportunidad la capacitación estuvo a cargo de la historiadora Luz Sánchez, docente e integrante de la Comisión de la Mujer (UNSA), quien nos brindó una mirada histórica de la violencia de género y la desvalorización constante del rol social de la mujer a lo largo de la historia, centrándose en una investigación realizada por ella misma sobre un caso paradigmático entorno a la alarmante problemática de los feminicidios; rodeado de mitos y agregados folclóricos que hicieron de este caso, incluso, un suceso de adoración popular: el asesinato de Juana Figueroa.

La investigación de Sánchez, titulada "Todas somos Juana Figueroa", se divide en 2 partes que intentan dimensionar las distintas formas de manifestación del poder -claramente asimétrico entre hombres y mujeres- ejercido por el colectivo de los varones para subordinar socialmente a la mujer y cómo estas prácticas han intentado ser naturalizadas. "Este fenómeno se arraiga en pautas culturales, tradiciones y costumbres que dañan a las mujeres en muchas maneras y que por la naturalización de la violencia que se ha producido a lo largo de la historia impide visibilizarlo como un hecho de profunda discriminación que las afecta, como personas y como ciudadanas", manifestaba la historiadora al inicio de la capacitación. 

Juana Figueroa de 22 años, estaba casada, según consta en el Libro de Sentencias de la causa, con Isidoro Heredia de 32 años, de oficio carpintero, domiciliado en la calle Buenos Aires, entre calles San Juan y San Luis. El 28 de marzo de 1903 la mujer fue encontrada muerta de un golpe en la cabeza a un costado del conocido como "Puente Blanco". El autor del crimen había sido su esposo. El abogado defensor sostuvo que Heredia "ha cometido el hecho porque su esposa muy a menudo abandonaba el hogar en compañía de sus queridos y que la única circunstancia agravante es el abuso de la superioridad por la edad, fuerza y sexo". También resaltaba la perturbación intelectual puesto que en su declaración aparece el móvil del crimen, el odio, el resentimiento hacia su esposa, las amenazas hechas por ella anteriormente y que no hubo agresión ilegítima. Otra circunstancia utilizada como atenuante fue la irritación o furor del delincuente. En base a esta exposición el abogado defensor solicitó que se atenúe la pena a diez años de prisión.

La primera parte del trabajo de la historiadora, refleja los discursos que generaron los relatos de algunos escritores que desarrollaron el caso de Juana Figueroa; algunos condenándola con ciertas adjetivaciones de índole netamente machista, y otros definiendo el acontecer de los hechos agregando elementos del contexto de producción dando cuenta de las percepciones colectivas de la violencia contra la mujer. "La intención es analizar las prácticas sociales que, al tomar contacto con el texto escrito, le concede significación especial a los textos y a las imágenes que estos llevan, planteando las relaciones existentes entre las formas de apropiación de los textos y la interpretación y las representaciones que se construyen a partir de la lectura de los mismos. El estudio de las representaciones que se han construido a partir del caso Juana Figueroa colaboraría en la comprensión de los mecanismos por los que el poder patriarcal valida la violencia de género hasta nuestros días", destacaba la historiadora.

Sánchez compartió, por ello, un texto de Juan Carlos Dávalos (1996) quien escribió hacia 1933 un relato sobre “La Juana Figueroa”, en el cual describe a Heredia como “un pacífico mulato manso, tolerante, trabajador, imbécil, dulce, enamorado y ciego de amor, casado con una joven mulatilla, bonita, alegre, interesada, débil, entregada a la galantería del tomo y obligo". En su relato el autor presenta una situación aislada y sin continuidad, la violencia se justifica con los problemas familiares, sentimentales y económicos. Da a entender que el hombre reacciona por la ausencia de su mujer dejándose arrastrar a las borracheras del arrabal. En contraste con la “compostura y decencia de su marido” que siente un “amor ciego”, encontramos la "traición de la hembra ingrata y tornadiza". "El 'crimen por amor' naturaliza la 'posesión' que tiene el marido sobre su esposa y es una forma errada y engañosa para explicar el asesinato de Juana. El relato da a entender que el amor por sí solo justifica la conducta criminal de Heredia, escondiendo y naturalizando situaciones de violencia extremas y justificando el control del hombre sobre la mujer que comete adulterio y es santificada por la 'promiscuidad monstruosa de la chusma'", explicó la historiadora.

En la segunda instancia de su trabajo de investigación Sánchez expone un análisis del tratamiento mediático que ciertos medios de comunicación gráficos realizaron entorno al caso, insistiendo, estos, -en términos no siempre indirectos o discretos- en culpavilizar a la víctima por sus actitudes "infieles", profundizando la justificación de la agresión basándose en las relaciones de poder dentro de un vínculo afectivo y reforzando con fuerza la dicotomía entre "la honradez de Isidoro" y "la vida libertina de Juana".

La revista Provencred (mayo 1998) publicó un relato del escritor y periodista salteño Eduardo González titulado “Un amor sangrado”. El escrito redactado en primera persona resalta la belleza de Juana, su "desgano" para realizar los quehaceres domésticos y su "frialdad" en la cama. En contraposición resalta el "amor incontrolable" de Isidoro, lo presenta como un hombre "trabajador y bueno" que ejercía violencia sexual sobre Juana porque le “correspondía” y la golpeaba con la intención de “corregirla” y por la “bronca” que le infundía la infidelidad de Juana hasta que decide matarla para “sacarse el amor de adentro”. “El estudio de las representaciones que se han construido a partir del caso Juana Figueroa colaboraría en la comprensión de los mecanismos por los que el poder patriarcal valida la violencia de género hasta nuestros días. Se trataría de hacer visible el disciplinamiento del cuerpo que culmina con la muerte física, clara representación de lo que acontece en el nivel de las subjetividades”, analizaba Sánchez luego de compartir con los presentes este artículo de la revista Provencred.

Finalizando con su ponencia la historiadora manifestó que “soy consciente que en los últimos tiempos las investigaciones sobre este tema se han multiplicado, pero también estoy convencida que la violencia que se sigue ejerciendo contra las mujeres obliga a los/as científicos/as sociales a continuar con la tarea de investigar sobre la violencia desde múltiples perspectivas, para contribuir a comprender dónde y porqué perviven aún prácticas sociales y formas legales que enmascaran la violencia contra la mujer”.

En tal sentido, Fernando Pequeño -Jefe del Programa Desarrollo Territorial- manifestó la necesidad de "incidir en las políticas públicas incluyendo urgentemente estas temáticas al debate actual y construyendo nexos con otras entidades u O.N.Gs. que estén trabajando en la problemática". Asimismo Pequeño destacó la importancia de "sumar a los varones al repudio de la violencia, a la reflexión y al trabajo efectivo en la disminución de la violencia de género".

Por último, el titular del Programa Desarrollo Territotorial reforzó la idea de "generar políticas que se liguen a la ciudadanía con la vida policial, ya que las mujeres necesariamente deben tener mayor incidencia en la institucionalidad policial". "Analizar la seguridad no es analizar estrictamente la vida policial; el feminicidio implica una transformación social y cultural, implica llevar estas luchas a la institución policial", agregó. 

Clotilde Ragone y María Laura Collivadino, de la Asoc. Ragone en la oficina del Programa de Desarrollo Territorial del Ministerio de Seguridad. Junto a Tatiana Vega y Gabriela Moreira, jovenes militatnes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta.

CICLO DE CAPACITACIÓN “Ciencias Sociales y Seguridad. Debates necesarios para la inclusión y la participación ciudadana”

En el marco del espacio de debate y capacitación del Programa de Desarrollo Territorial, compartimos con la Fundación "Sembrar Conocimientos", visiones sobre la 'violencia institucional y el mobbing'.

En el marco de un espacio de intercambio para el aprendizaje y la planificación, desde el Plan de desarrollo Territorial copmartimos con dirigentes de la Fundación Sembrar conocimientos. La idea medular en la conformación de este espacio es, en el transcurso del ciclo y con la intervención de distintos actores, problematizar aspectos y temas vinculados con la seguridad, aunando criterios y conocimientos de diferentes disciplinas, logrando una visión más integral de problemáticas  sociales y efectivizando el trabajo a realizar en consecuencia.

Por iniciativa del Programa Desarrollo Territorial se realizará este ciclo que constará de una serie de encuentros con el objeto de capacitar a sus integrantes en temáticas atinentes a la seguridad y reforzar el accionar del programa; coordinando acciones con otros actores sensibles al problema de la Seguridad. En forma progresiva, se llevará a cabo miércoles a miércoles el abordaje de tópicos específicos. En esta oportunidad contamos con la asistencia de miembros de la fundación “Sembrando Conocimientos”, quienes expusieron las nociones de la violencia laboral e institucional; teorizaron al moobing o acoso laboral;  los tipos de violencia y perfiles que puede mostrar un acosador. Seguidamente, Fernando Pequeño y Julieta Rivera, ambos del Programa Desarrollo Territorial, compartieron los trabajos expuestos la semana anterior en la X Reunión de Antropología del Mercosur, “XRAM”, realizada en la provincia de Córdoba.

Ramiro Moreno, Ivana Martínez, Mónica Copa, Liliana Bustos y Nora Aranda, conceptualizaron, primeramente, a la violencia como “una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro y que puede manifestarse como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica”. Explicaron, además, que esta manifestación de la violencia puede ejercerse por acción u omisión, presentarse en un sentido vertical (ascendente o descendente) como entre pares y afectar la salud y el bienestar de las personas. Explayaron la noción del “mobbing”, entendiéndose como el acoso laboral o acoso moral en el lugar del trabajo, conocido frecuentemente a través del término inglés mobbing ('acosar', 'hostigar', 'acorralar en grupo'), es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo o terror en el trabajador afectado hacia su lugar de trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador.

La o las victimas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el trabajo por parte de sus compañeros (entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden "accidentes fortuitos", y hasta agresiones físicas en los casos más graves.

Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono del trabajo por parte de la víctima —o víctimas—, la cual es considerada por sus agresores como una molestia o amenaza para sus intereses personales (ambición de poder, de riquezas, posición social, mantenimiento del status quo, etc.).

El científico sueco Heinz Leymann investigó el fenómeno en la década de 1980, y fue quien utilizó por primera vez el término mobbing para referirse al problema. Otros autores destacados en el estudio del acoso moral y del mobbing son la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Piñuel y Zabala.

La incidencia poblacional del acoso laboral se calcula que se encuentra entre el 10 y el 15 % del total de los trabajadores en activo.

Seguidamente, distinguieron los tipos de violencias de los tipos de violencias laborales; siendo los tipos de violencias:

• Violencia directa: Aquella que tiene por objetivo destruir, neutralizar (herir o matar). Está referido a agresiones físicas (y otras formas). Se puede generar por muchos factores (múltiples formas de discriminación, intolerancia, competencia, territorialidad, etc.).

• Violencia estructural: Consiste en agredir a una agrupación colectiva desde la misma estructura política o económica. Así, se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso la muerte a la población. Serían ejemplos aquellos sistemas cuyos estados o países que no aportan las necesidades básicas a su población. Si nos remitimos a la definición de violencia como la aplicación de métodos fuera de lo natural a personas o cosas para vencer su resistencia, hablaremos de un abuso de autoridad en el que alguien cree tener poder sobre otro. Generalmente se da en las relaciones asimétricas, el hombre sobre la mujer o el padre sobre el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible es la violencia física, manifestada a través de golpes, que suelen dejar marcas en el cuerpo (hematomas y traumatismos)

• Violencia cultural: Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una legitimidad a la utilización de los instrumentos de la violencia que hemos nombrado anteriormente. Así, por ejemplo, se puede aceptar la violencia en defensa de la fe o en defensa de la religión. Dos casos de violencia cultural pueden ser el de una religión que justifique la realización de guerras santas o de atentados terroristas, así como la legitimidad otorgada al Estado para ejercer la violencia.

• Violencia emocional: Puede ser más hostil que la primera. Es plasmada a través de desvalorizaciones, amenazas y críticas que funcionan como mandato cultural en algunas familias o grupos sociales y políticos.

Y pudiendo clasificar a las formas de violencia laboral como:

• Agresión física: Toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre el o la trabajador o trabajadora.

• Acoso sexual: Toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual basado en el poder, no consentido por quién la recibe.

• Acoso psicológico: Situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato modal o verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o trabajadora buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa.

Posteriormente aclararon las consecuencias que el ejercicio de estas prácticas de acoso tiene sobre tres espectros:

• En el trabajador o trabajadora: afecta su salud psico-física y puede producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en general y familiares en particular.

• En la organización: produce malestar entre los trabajadores/as, disminución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas, desprestigio social.

• En la sociedad: consolida la discriminación, favorece el descreimiento en las instituciones y en la justicia.

Para Fernando Pequeño el objetivo de todas estas teorizaciones debe ser “producir modificaciones a nivel de pautas culturales e ir más allá de las actuaciones individuales de actores que quedan enfrentados o conectados a nivel de las violencias que les produce el sistema en el que están insertos; buscar mecanismos que generen un contrapoder”. Destacó, además, en la reunión que “por una cuestión de pluralidad debemos perder el miedo a las definiciones. Aprender a hablar de violencia institucionales, físicas, simbólicas, o de mobbing, y saber que hay detrás de esos fenómenos y hacerlos circular”.

“Son fundamentales las alianzas para generar un grupo de acción militante, de intervención y discurso político”, señaló el jefe del Programa Desarrollo Territorial.

En la segunda instancia de la jornada Fernando Pequeño y Julieta Rivera compartieron con los miembros de la fundación los trabajos presentados por ellos en la X edición de “RAM”, encuentro científico bianual, en su origen impulsado por la Associação Brasileira de Antropologia (ABA), se realiza desde 1995. Organizada por antropólogos y científicos sociales de universidades e instituciones científicas del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile), la RAM promueve la participación de investigadores de los países miembros, así como de universidades o instituciones de los países asociados e integrantes de la comunidad científica internacional.

En tal sentido, dos trabajos de Fernando Pequeño fueron expuestos en la jornada de capacitación “Policiamientos y seguridades: etnografías y configuraciones sociales de intervenciones policiales y de las fuerzas de seguridad”, el primero, y “Los efectos  del honor y el poder en los cuerpos policiales. Reflexiones desde la Antropología de las Masculinidades”, el segundo. Pequeño expuso  las experiencias recogidas durante el año 2011 en talleres de capacitación dictados de manera conjunta   a estudiantes de las escuelas de policías y de establecimientos públicos  de enseñanza media de la provincia de Salta, organizados en torno a la violencia de género y la diversidad sexual dentro de las instituciones policiales, donde las sorpresas, malestares, silencios o adhesiones  que estos temas generaron en los participantes de esos talleres reflejaban  tanto los cambios y permanencias de estructuras socio-culturales sobre las cuales todavía queda mucho por trabajar para alcanzar una sociedad   democrática y pluralista.

Pequeño tomó dos conceptos: la militarización y la sustentabilidad del cuerpo policial, y desarrolló cómo en este último hay una violencia que se reproduce en la sociedad.

En la institución policial existe cierto mecanismo que sustituye al cuerpo policial, dándole una forma  militar, y tiene que ver con un mecanismo sutil de moldeamiento de los cuerpos, relacionado con la forma de los dispositivos de la militarización produce cuerpos estandarizados y reprimidos, generando violencia en los varones.

El sentido de honor de los varones va totalmente ligado a la forma en que concebimos que un varón debe ser, y aparece codificado culturalmente en la protección. “Para  ser varón hay que ser protector y proveedor”, explicó pequeño. “La respuesta a esos mecanismos va dibujando la estructura psíquica de un varón y culturalmente se engarza en la historia con  lo que la generación del 80 constituyó como la dicotomía barbarie-civilización”, aseguró además. El varón es civilizado cuando es racional y es bárbaro cuando ejerce la violencia para cumplir esos imperativos: ser proveedor y protector.

En la policía se replica con un dispositivo militarizante. La violencia entonces se enquista. Las estructuras formales se mantienen.

Finalmente, Julieta Rivera presentó su trabajo de investigación  “¿Seguridad pública o seguridad ciudadana? Tensiones de un tiempo de transición en la escuela de policía de la provincia de Salta, 2012” , en el cual  contiene su experiencia como docente  en un instituto de formación de la  policía  de Salta durante la segunda mitad del 2012 (una experiencia modelada por la mirada antropológica y la perspectiva de género), a partir de la selección de tres aspectos significativos: cuando el docente es un civil, el programa propuesto para  una materia de ciencias sociales y las producciones de chicos y chicas con los que se trabajó  durante ese tiempo, aspectos-categorías analíticas de la transformación social y política en materia de seguridad pública, así como también de las resistencias que la institución/organización/cultura policial interpone frente a los cambios que identifica como amenazas a determinado orden establecido.

Para la Lic. Rivera es vital virar del modelo de “Seguridad Pública” –imperante actualmente en la provincia de Salta–  hacia un modelo de “Seguridad Ciudadana”, impulsado desde el gobierno nacional. “La cuestión de seguridad deja de ser, así, una función estatal y abre el juego a que las instituciones ciudadanas participen en saber qué es lo que la comunidad  necesita”, reflexión la antropóloga respecto al modelo de seguridad implementado desde el Estado Nacional. “La seguridad pasa a ser una búsqueda del estado de bienestar, sin descuidar  los derechos humanos”, agregó. “Ya no es solo la represión y la salvaguarda de la propiedad  privada, sino a priorizar tareas sociales y de prevención. Desde luego, requiere un compromiso mayor por parte del Estado”, finalizó la antropóloga.

Se intenta con la apertura del espacio en este ciclo producir una visión del problema de las violencias como un problema social, y que por tanto es político. Por ende, el abordaje de sus soluciones debe darse desde la política, un ámbito importante de cambio democrático, colectivo y estructural.

EL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN LA X REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA DEL MERCOSUR: SITUAR, ACTUAR E IMAGINAR ANTROPOLOGÍAS DESDE EL CONO SUR

Parte del equipo de profesionales del Programa de Desarrollo Territorial participaron de la  XRAM, realizada los días 10, 11, 12 y 13 de julio en la Facultad de Filosofía y humanidades  de la Universidad Nacional de Córdoba.

El objetivo fue compartir con la comunidad antropológica del Mercosur las experiencias que a lo largo de estos años el Programa ha desarrollado en relación al trabajo con la Institución policial y con el personal de misma, en el marco de las trasformaciones que el  nuevo paradigma de seguridad ciudadana deposita no solo en las fuerzas de seguridad sino también en el rol de la sociedad y sus ciudadanos.

En tal sentido, dos trabajos fueron presentados en este encuentro y que formaron parte del Grupo de trabajo 1: Policiamientos y seguridades: etnografías y configuraciones sociales de intervenciones policiales y de las fuerzas de seguridad. El primero, Los efectos  del honor y el poder en los cuerpos policiales. Reflexiones desde la Antropología de las Masculinidades de Fernando Pequeño Ragone, expuso  las experiencias recogidas durante el año 2011 en talleres de capacitación dictados de manera conjunta   a estudiantes de las escuelas de policías y de establecimientos públicos  de enseñanza media de la provincia de Salta, organizados en torno a la violencia de género y la diversidad sexual dentro de las instituciones policiales, donde las sorpresas, malestares, silencios o adhesiones  que estos temas generaron en los participantes de esos talleres reflejaban  tanto los cambios y permanencias de estructuras socio-culturales sobre las cuales todavía queda mucho por trabajar para alcanzar una sociedad   democrática y pluralista. El segundo trabajo, ¿Seguridad pública o seguridad ciudadana? Tensiones de un tiempo de transición en la escuela de policía de la provincia de Salta, 2012 , de Julieta Ruth Rivera, expuso la experiencia como docente  en un instituto de formación de la  policía  de Salta durante la segunda mitad del 2012 (una experiencia modelada por la mirada antropológica y la perspectiva de género), a partir de la selección de tres aspectos significativos: cuando el docente es un civil, el programa propuesto para  una materia de ciencias sociales y las producciones de chicos y chicas con los que se trabajó  durante ese tiempo, aspectos-categorías analíticas de la transformación social y política en materia de seguridad pública, así como también de las resistencias que la institución/organización/cultura policial interpone frente a los cambios que identifica como amenazas a determinado orden establecido.

Ambas producciones fueron expuestas junto a investigaciones realizadas en contextos policiales de otras provincias de Argentina y en espacios sociales de alta  conflictividad en ciudades de Brasil, que evidenció que la seguridad y el rol de las fuerzas de seguridad son temas que han comenzado a aparecer en las agendas científicas porque constituyen problemáticas sociales importantes no solo para los ciudadanos que exigen día a día en cada ciudad de América una mayor protección de sus bienes y vidas sino también para los estados, que deben responder a estas demandas por medio de respuestas que no solamente  avancen con un incremento mayor  en el número de personal de seguridad  sino por medio de estrategias multiagenciales y que favorezcan a la democracia participativa.

Experiencias en la mesa de Policiamientos y seguridades: etnografías y configuraciones sociales de intervenciones policiales y de las fuerzas de seguridad

La participación del Programa de Desarrollo Territorial en esta mesa de trabajo ha posibilitado la integración de dos campos importantes de la vida social: lo académico y la gestión de políticas públicas en lo que respecta a las reflexiones sobre la seguridad en la región del Mercosur.

Comenzar a entender a la seguridad y a sus organizaciones policiales desde la perspectiva antropológica, permite adentrarse en los aspectos culturales de la conformación de las instituciones y de las políticas que se aplican en este siglo como aquellas heredadas de las dictaduras y que aún son movilizadas de manera subrepticia en discursos que pretenden instalar un estado de permanente inseguridad social.

Además, en Argentina en la última década se ha experimentado un crecimiento en los estudios científicos sobre las instituciones policiales, rompiendo paulatinamente  con la resistencia del campo académico universitario a adentrarse en estos espacios estatales que históricamente han permanecido cerrados al escrutinio externo y construyeron una representación negativa acrecentada por los sucesos de la última dictadura. La presencia de una mesa de trabajo sobre policía en esta reunión de antropología del Mercosur es una clara señal de lo anterior y además significa la construcción de grupos de estudios que en sus análisis aprehendan las estructuras políticas de la seguridad y sus actores.

Es intención de este Programa conformar con los participantes de la mesa de trabajo un grupo que se instale a nivel regional y no solamente se interese en realizar pesquisas sino también en realizar aportes significativos para la creación e implementación de políticas públicas adecuadas a la seguridad ciudadana, tan necesaria y fundamental para la consolidación de las democracias participativas en el continente.

En este sentido los trabajos de Fernando Pequeño, que apuesta por una capacitación vivencial  en DDHH para el personal policía, y de Julieta Rivera, introduciendo la perspectiva de género para revertir situaciones de discriminación y violencia institucional para varones y mujeres, son claras referencias de que la ciencia social brinda respuestas a problemas que son urgentes para las interacciones sociales y que los ideales del Gobernador Ragone, sobre la paz, la solidaridad y el cuidado del otro no son utopías sino hechos concretos si hay compromiso con el respeto de los DDHH para todos y todas. 

Proyecto "Ciencias Sociales y Seguridad. Debates necesarios para la inclusión y la particiapación ciudadana"

Iniciativa del Programa de Desarrollo Territorial, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, sobre las ligazones que existen entre ciencias sociales y seguridad, apuntando a la deconstrucción de los constructos políticos que erigen y sustentan a los paradigmas de seguridad tradicionales. Qué es la seguridad y qué problemas pueden o deben ser áreas de injerencia de la seguridad. 

Objetivos

General: 

Propiciar la conformación de un espacio ministerial de debate sobre la categoría  seguridad  a partir de su condición de herramienta política que garantiza y fortalece las condiciones óptimas para el pleno ejercicio de todos los DDHH en una democracia participativa.

Específicos

·         Incentivar el diálogo transdisciplinario entre intelectuales y actores territoriales en relación al análisis de fenómenos objetivos y subjetivos relacionados con la seguridad.

·         Avanzar en la comprensión de la seguridad ciudadana en lo que respecta a los cambios culturales que ella implica y que se manifiestan en diferentes espacios de la vida social

·         Estimular el análisis científico y político sobre el rol de las fuerzas  de seguridad y las policías en lo que respecta al nuevo paradigma de la seguridad en el contexto loca, nacional y latinoamericano.

·         Favorecer la producción de materiales de difusión (escritos o audiovisuales) sobre las transformaciones que ha experimentado la categoría de seguridad a lo largo del siglo XX y primera década del XXI en nuestro país.

Fundamentación

Desde la conformación del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2010, el paradigma de la seguridad en Argentina ha experimentado una serie de transformaciones en relación a las políticas públicas que apuntan a ampliar las bases de la participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre lo que es conveniente para una real convivencia pacífica en términos de los DDHH.

En este sentido el concepto de seguridad amplía su contenido y ya no queda restringido a los ámbitos exclusivos de las fuerzas policiales sino que se inscribe en un marco social donde el estado  es responsable de

Emprender las acciones necesarias para asegurar que to­das las personas bajo su autoridad estén en condiciones de respetar y hacer respe­tar los derechos humanos. En razón de ello, el Estado también debe promover los derechos humanos empren­diendo campañas necesarias para que se vayan creando las condiciones que per­mitan -por una parte- ser ejercidos y -por otra- respetados por todos, tanto por los agentes del Estado como los particulares.

A partir de esta concepción la policía guiará sus acciones en vista de la protección de los derechos humanos, lo cual implica que la institución y su personal  gestionar las conflictividades sociales que puedan menosca­bar el ejercicio efectivos de los derechos que tienen los ciuda­danos. Este accionar, que busca acercar a la policía a la comunidad, profundiza las transformaciones en los aspectos organizacionales, institucionales y culturales de las fuerzas de seguridad, pero dichas transformaciones no pueden ser tales sino se acompaña de un compromiso real de incorporar a los ddhh como elementos esenciales de la vida laboral y personal de cada agente policial.

Si la seguridad se articula en base a la defensa de los derechos humanos, se debe comenzar por fortalecer los derechos de los y las trabajadores de la seguridad, rompiendo con las estructuras y percepciones que los representan como sujetos fragmentados, escindidos de la sociedad y devaluados. Es un compromiso político el avanzar con esta idea que es el inicio de la real democratización de la seguridad  y de la sociedad argentina en su totalidad.

Iniciativa del Programa de Desarrollo Territorial, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, 

Es a partir de esta posición que el Programa de Desarrollo Territorial propone la realización de un ciclo de capacitación sobre las ligazones que existen entre ciencias sociales y seguridad, porque son las disciplinas sociales las herramientas heurísticas adecuadas para comenzar a deconstruir los constructos políticos que erigen y sustentan  a los paradigmas de seguridad que han circulado y circulan en nuestro país desde su conformación a fines del siglo XIX.

Qué es la seguridad y qué problemas pueden ser áreas de injerencia de la seguridad son los ejes sobre los cuales se abre un espacio de debate desde la antropología, la historia y la sociología en conjunción con las experiencias de quienes día a día desarrollan tareas de prevención de diversas problemáticas en los barrios y villas de nuestra ciudad. Pero no se trata solamente de una charla sobre problemáticas que aparecen como ajenas y circunscriptas a clases sociales específicas, sino por el contrario se  busca visibilizar la trascendencia de los conflictos y trabajar en conjunto por la inclusión para la resolución de ellos. Por lo tanto este ciclo es un ámbito plural y diverso para que efectivamente, desde el ámbito ministerial, la seguridad la construyamos entre tod@s.

Problemáticas a abordar

1.       Violencia institucional y laboral.

2.       Salud sexual y reproductiva. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

3.       Violencia de género. Femenicidios.

4.       Movimiento obrero y criminalización de la protesta social.

5.       Democratización de la policía y las fuerzas de seguridad.

6.       La gestión de la seguridad en la sociedad de la información y el conocimiento: medios, escuela y memoria.

Destinatarios

• Miembros del Programa de Desarrollo Territorial.
• Miembros de otras dependencias del Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta.
• Personal de la Policía de la provincia de Salta.
• Trabajadores territoriales de diferentes áreas públicas o privadas, sindicatos y ONGs.
• Profesionales y estudiantes de Ciencias Sociales y/o magisterios, profesorados.
• Público en general interesado en la seguridad.
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Metodología

Se realizan encuentros quincenales en donde se invitan a participar a referentes territoriales, actores sociales e intelectuales, quienes desde diferentes perspectivas teóricas, políticas y de acción exponen y debaten temas que están íntimamente relacionados con la vulneración de derechos esenciales y que afectan directamente a la seguridad.

Cada sesión es coordinados por un/a miembro del Programa de Desarrollo Territorial, en aproximadamente 3 horas, donde cada invitado expone y al finalizar se espera mediante plenario la elaboración de algunas estrategias para avanzar en la construcción conjunta de estrategias de seguridad que disminuyan la vulneración de ciertos derechos.

Cada mes se espera  realizar una publicación de divulgación masiva, dentro de la línea editorial del Programa de Desarrollo Territorial, la cual recogerá tanto las exposiciones como las conclusiones de cada encuentro, a la vez que incluirá reseñas sobre textos que complementen a las temáticas expuestas.